VIERNES DE OPINIÓN
Dr. Carlos Téllez
15 de abril de 2016
La Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó el pasado martes 29 de marzo una 
iniciativa para permitir que, a solicitud del Presidente de la República, el Congreso de la Unión apruebe la suspensión de garantías o un estado de excepción. Esto es, que en caso de que el Presidente o el propio Congreso lo consideren necesario, se suspendan ciertos derechos humanos, dada una eventual “perturbación grave de la paz pública”. Diversos diputados justificaron esta iniciativa aludiendo a los atentados terroristas suscitados en fechas recientes en Europa. En Francia, por ejemplo, dados los atentados terroristas, se decretó un estado de excepción en noviembre del año pasado y en febrero se renovó por tres meses más.
Un estado de excepción puede significar un margen de maniobra para el gobierno, sin la intermediación de la justicia. Por ejemplo:
· Se puede allanar cualquier domicilio.
· Puede quedar suspendido el derecho a la libertad, así que puede haber detenciones sin orden judicial.
· Pueden intervenirse las llamadas telefónicas.
· Puede suspenderse la libertad de expresión.
Todo sin intermediación de un juez o representante de la justicia.
Una pregunta que bien vale la pena hacernos es ¿en qué momento decretar un estado de excepción en México? Pensemos en dos eventos que preocuparon seriamente al gobierno federal en estos últimos dos años:
1) El caso de los desaparecidos en Ayotzinapa. Donde agentes de seguridad pública del propio Estado mexicano desaparecieron de manera forzada a 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. Lo que desató la furia de la ciudadanía del estado de Guerrero e incendiaron el Congreso local. Lo que a la postre derivó en la renuncia de su gobernador.
2) Las autodefensas en Michoacán, que pusieron en jaque la autoridad del gobierno federal, así que el Presidente de la República nombró a un Comisionado, quien de facto estuvo por arriba de la autoridad de los tres gobernadores que tuve esta entidad durante esa crisis social (Fausto Vallejo, Jesús Reyna y Salvador Jara). Finalmente, el gobierno federal desmanteló a dichas autodefensas y encarceló a algunos de sus líderes.
3) Un caso más: actualmente ha llegado el ejército a hacerse cargo de la seguridad de los municipios y ha detenido a toda la corporación policiaca.
Estos puede llegar a ser una excusa para que el Presidente de la República o el Congreso de la Unión decreten un estado de excepción, cuyo principal riesgo es la suspensión de los derechos humanos en sí mismos.
Si esta iniciativa va a avanzar, es importante que quede reglamentado el posible estado de excepción, donde quede claro:
En qué casos se decretará un estado de excepción.
El límite de tiempo para la duración del estado de excepción.
Qué autoridad será la responsable de salvaguardar la integridad de los mexicanos.
Estamos a dos años de las elecciones para el nuevo presidente de la República. Hemos visto cómo México ha quedado al borde del estallido social generalizado. Esperemos que la iniciativa de legislar un estado de excepción, no sea un mecanismo de represión diseñado para dichas elecciones.
