Al considerar que la debilidad institucional y la falta de mecanismos legales eficientes han permeado considerablemente la operatividad y los resultados del trabajo que realiza la Auditoría Superior de Michoacán, generando absoluto desaseo en el manejo de los recursos públicos de la entidad, la diputada del Distrito XVII de Morelia, Andrea Villanueva Cano, reiteró la oportunidad de que en el segundo paquete de reformas que integrarán el Sistema Estatal Anticorrupción, se incluyan diversas iniciativas que ha presentado para el fortalecimiento de dicha instancia.


De entre las propuestas, Villanueva Cano destacó que en los trabajos técnicos que realiza el Grupo de Análisis del Sistema Estatal Anticorrupción, ya se integran sus propuestas para que la Auditoría Superior de Michoacán, implemente Auditoría Forense, de Cumplimiento Financiero, de Inversiones Físicas, Auditoría de Desempeño y Auditoría a las Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Control.
Y es que de acuerdo a la Auditoría Superior de la Federación, “Michoacán ocupa el segundo vergonzoso lugar con más dinero por aclarar ante esta instancia, con un monto superior a los 13 mil millones de pesos”, lamentó la legisladora.


A su vez, junto con el Estado de México, Jalisco, Oaxaca y Veracruz, nuestro estado pertenece a las 5 entidades que concentran el 56 por ciento de un total de 98 mil millones de pesos provenientes de fondos federales, que han sido mal usados o que no han podido comprobar ante la Auditoría Superior de la Federación.


Ante este escenario, Andrea Villanueva calificó “inaplazable” que en nuestro estado se haga una reingeniería integral a la fiscalización del manejo de los recursos públicos, así como endurecer las penas contra cualquier funcionario que siga desfalcando los recursos públicos con la certeza de que “nada le va a suceder porque no hay instancia capaz de sancionarlo”.


“Sólo si hacemos eficiente la fiscalización de los recursos y si imponemos sanciones justas a quienes intenten malversar fondos públicos, podremos hablar de un resarcimiento a la rendición de cuentas, a la transparencia pero sobre todo, a la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones”, aseguró.